Para nadie es un secreto. La operación dentro del sector público está plagada de trámites burocráticos, las leyes y reglamentos de administración financiera y contratación pública hacen sumamente lenta la actuación de los diferentes órganos e instituciones del Estado y desde que se define una acción concreta o se diseña un programa, lograr su ejecución resulta en un verdadero calvario. Diariamente recibimos noticias de la anulación por parte de la Contraloría General de La República de una licitación, lo cual significará un retraso de varios meses o años.
En el pasado se institucionalizó como solución el uso de la Ley de Emergencia. Se recurría a este mecanismo porque permitía un procedimiento expedito de contratación que evitaba los procedimientos ordinarios. Luego de un uso exagerado de este recurso la Sala Constitucional declaró inconstitucionales varias declaraciones de emergencia sosteniendo la tesis de que cuando los atrasos se dan por falta de previsión o planificación no procede la citada declaratoria y que esta en su esencia es para casos de desastres naturales o fuerza mayor que son las verdaderas emergencias. Con dicha interpretación se cerró el uso del portillo.
Ante esta situación, se ha optado en muchas instituciones por el esquema de crear fundaciones para manejar recursos, vender servicios, contratar personal y obras, entre otros. El objetivo nuevamente, es evitar quedar incluidos dentro de los procedimientos de control financiero y no tener que aplicar para ello los engorrosos procesos licitatorios. Los ejemplos de estos casos son numerosos, las experiencias han sido de todo tipo; desde las buenas hasta las negativas, pasando por los problemas de corrupción y mal manejo de recursos.
En todo caso, independientemente de los resultados obtenidos por las fundaciones, la pregunta obligatoria es, ¿por qué somos tan ingeniosos para buscar vías paralelas “legales” para evadir la ley vigente? ¿Por qué tenemos que buscar la “trampa” una vez hecha la ley, y no somos transparentes combatiendo las causas y no los efectos?
Si se requiere de mecanismos ágiles para actuar en el sector público lo lógico y correcto es cambiar el sistema de contratación pública, adecuándolo a la época actual. Con la celeridad requerida en un mundo cada vez más competitivo, podríamos trasladar funciones a las auditorías internas y a la administración superior de las entidades estableciendo algunos controles a posteriori, y no a priori, como hasta ahora. Colombia ha logrado importantes avances en esta línea. Al proponer una transformación de este tipo, lo hago teniendo muy en cuenta que el país ha sido víctima de sonados casos de corrupción, lo cual demuestra que a pesar de todas las trabas y controles de las leyes actuales no se ha logrado frenarla. Es decir, no es un problema de procedimientos, sino de otro resorte, pero en todo caso estamos en el peor de los mundos: una administración entrabada y corrupción en el sector público. Esta es por sí sola una fuerte razón para abocarnos a la reforma de los sistemas actuales.
En todo caso, mi comentario en este artículo pretende criticar nuestra falta de transparencia y sinceridad para enfrentar los problemas de frente, en sus causas y de corregirlos casualmente ahí, en vez de buscar medidas alternas aparentemente legales pero que son en definitiva artimañas jurídicas que pretenden “barrer la basura debajo de la alfombra”.
Si queremos progreso y desarrollo para Costa Rica debemos de transformar nuestros mecanismos de gobierno. Tengamos el coraje y la valentía de identificar los problemas y solucionarlos desde su raíz. Utilicemos la línea recta que siempre es la distancia más corta entre dos puntos. El liderazgo requerido debe tener esta visión.
