Definir la ruta

Hay temas básicos en la mente del costarricense y son, ¿cómo lograr que el país finalmente dé el salto al desarrollo? ¿Qué hacer para que veamos a Costa Rica progresar y avanzar de una manera sostenida, que las promesas y sueños ofrecidos finalmente se hagan realidad? Esto es cada vez más relevante ya que va de la mano con las expectativas de la gente frente a la política, los partidos, el Estado y sus poderes. Según cual sea su abordaje  podemos fortalecer el sistema o bien desencantar aún más a los diferentes sectores sociales, con las graves consecuencias sobre nuestra estabilidad política. 

Si nos abocamos a resaltar las lecciones aprendidas iniciaría destacando el peso excesivo otorgado a la agenda económica, basada en un interminable debate sobre la deuda interna y una tremenda dogmatización del recorte del gasto público como la única alternativa de sobrevivencia nacional. Con el agravante de que el recorte del gasto se ha dado sobre los instrumentos que promueven la movilidad social: inversión en educación, capacitación técnica, salud e infraestructura entre otros; y no sobre los gastos superfluos, lo cual  ha producido  como resultado un tremendo deterioro en los servicios públicos y ha limitado ingratamente el ascenso social en nuestra sociedad. 

Frente a este panorama podemos definir uno de dos caminos, dejar que las cosas sigan como están con lo cual cada vez veremos más polarizada la distribución de la riqueza y más estrujada la otrora fuerte clase media, o bien cambiar la orientación y definir una nueva ruta para el desarrollo. Yo me inclino por esta segunda alternativa, la única capaz de lograr una transformación en el país. Esta ruta pasa por los siguientes elementos: 

• Privilegiar el crecimiento por sobre la contracción del gasto: si bien ambas acciones no son contradictorias, sí lo es la prioridad que se le dé a cada una. En ese sentido lejos de seguir pensando en decretos de recortes presupuestarios debe implementarse una política crediticia que abarate la intermediación financiera, que propicie la desregulación y eliminación de requisitos para promover nuevas inversiones tanto nacionales como extranjeras; la inversión en infraestructura como una vía para tener una nación capaz de competir con otras de la región. En síntesis: un Estado amigo de la producción que con el crecimiento generará los empleos para absorber la nueva fuerza laboral que se incorpora al mercado. 

• El Estado debe promover la redistribución de la riqueza: no será el mercado quien  logrará la distribución justa de los beneficios económicos, para ello debe participar el Estado de manera directa. El mejor instrumento es una buena política fiscal basada en un esquema tributario progresivo capaz de tasar más fuertemente a los que se encuentran en los estratos más altos de la sociedad. 

• Debe el Estado promover políticas para pequeña y mediana empresa: la apertura de oportunidades pasa por permitir un régimen que promueva el empresarialismo como una opción de avanzar a la democracia económica que aspiramos. Para ello, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica y un buen fondo de garantías para facilitar el apoyo crediticio es fundamental. 
• Volver a invertir en la movilidad social: educación, capacitación técnica con un Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, abriendo talleres con guarderías y becando a muchos grupos que requieren de ingresos para poder capacitarse.

•  Y por supuesto dando nuevamente prioridad a las inversiones en salud y vivienda.

La implementación de estas y otras medidas a desarrollar en próximos artículos parten de una premisa básica: no es la contracción y el recorte de la inversión la vía para salir adelante. Se requieren una visión y acciones más ambiciosas orientadas al crecimiento con distribución de la riqueza para construir la gran nación que todos merecemos.