Lleva razón don Edgar Espinoza al señalar que lo importante para los costarricenses en esta campaña electoral es señalar el cómo y no el qué.
En un reciente debate al que fuimos invitados los precandidatos por El Financiero, insistimos en que el reto no es solo decir qué vamos a hacer, sino cómo vamos a concretarlo. Utilizamos como ejemplo el siguiente: los políticos tradicionales hablan siempre de que se va a mejorar esto o fortalecer aquello, pero nunca dicen cómo lo van a lograr. Siempre hemos creído en dar soluciones concretas a los problemas. Por ello, hemos insistido en que nuestra primera acción en nuestro futuro gobierno a partir de mayo del 2002 será la promulgación de la Ley para la gobernabilidad.
Ley para la gobernabilidad. El error cometido en el pasado, ha sido pretender la reforma de leyes completas (Reglamento de la Asamblea Legislativa, Ley de contratación administrativa, entre otros). Sin embargo, hoy más que nunca y por nuestra experiencia en la función pública estamos convencidos de que en la búsqueda de la perfección, hemos perdido la oportunidad de modernizarnos y por eso creemos en la urgente necesidad de una ley muy simple que vuelva gobernable al país.
Con nuestro equipo hemos identificado 20 normas jurídicas, individuales (no leyes totales) cuya reforma permitirá que este país retorne a la gobernabilidad. Nuestro objetivo sería aprobar el proyecto de ley los primeros 60 días de mandato.
La simplicidad del proyecto permitirá a los diputados y a la opinión pública llevar un proceso muy concreto de discusión, y por tanto su aprobación pueda ser lo más expedita posible.
Propuestas. Oportunamente daremos a conocer esta propuesta de manera integral, pero creemos conveniente señalar hoy algunos temas que ahí se incluyen:
Con estos puntos y otras áreas que se incluyen en la ley de gobernabilidad podremos garantizarle al país que vamos a tener un Gobierno capaz de que las cosas se hagan. Además será absolutamente necesario el liderazgo y valentía del futuro gobernante.
Solo así lograremos construir la sociedad que genere bienestar para el mayor número de costarricenses y avanzar hasta convertirnos en el primer país desarrollado de Latinoamérica.
En los albores del siglo ninguna tarea política resulta más urgente en Costa Rica que la de crear y activar nuevos espacios para la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Tal priorización no es una moda ideológica o la manifestación de un discurso populista. Es, mejor, el fruto de una doble constatación; en primer lugar, nuestro sistema político, -crecientemente percibido como poco participativo- ha visto debilitada su legitimidad popular, requisito fundamental para una acción eficaz; en segundo lugar, la participación ciudadana es la que hace a cada individuo responsable para con su entorno social. Solo nos sentimos responsables por aquellos proyectos en los que genuinamente somos partícipes. Una sociedad excluyente es, inevitablemente, una sociedad de seres individualistas e irresponsables. Nada es más importante que hacer de la nueva Costa Rica una empresa en la que todos seamos, ante todo, socios.
Esta participación es especialmente necesaria en la gestión de las políticas sociales del Estado costarricense. El último medio siglo se ha caracterizado en nuestro país por la presencia dominante del Estado en la solución de problemas sociales que van desde la mortalidad infantil hasta el analfabetismo, pasando por la pobreza extrema que usualmente va ligada a ellos. Los resultados de esa intervención han sido, en general, extraordinarios, pero ya no son suficientes. Como fruto de esa elevación de su calidad de vida, las expectativas de nuestro pueblo son cada vez mayores, y los entes públicos rígidos y burocratizados que tenemos difícilmente serán capaces de responder de manera ágil a esas demandas. Es por ello conveniente transferir una parte cada vez mayor de los fondos públicos para proyectos sociales para que sean administrados y ejecutados por las organizaciones autónomas de la sociedad civil, por aquellas instancias organizadas que conocen íntimamente las necesidades de su comunidad y que, por ser parte de ella, son menos propensas a la manipulación de los fondos sociales con fines de clientelismo político.
En sociedades modernas cada quien debe hacer lo que mejor puede hacer: los órganos decisorios del Estado son insustituibles en la formulación de las grandes políticas sociales, pero son mucho menos capaces que las organizaciones comunales para identificar los destinatarios que realmente necesitan de ellas y, por tanto, menos capaces de proveer los servicios sociales con un mínimo de desperdicio. Sin la colaboración cotidiana de las organizaciones de la sociedad civil, las políticas del Estado pueden rascar los problemas sociales y aún rascarlos bien, pero rascarán donde no pica.
Eso es una pequeña parte de una agenda participativa más amplia y profunda. Si queremos construir una sociedad participativa es imperativo que las políticas públicas favorezcan el pleno empleo de nuestra fuerza laboral y la igualdad de género. Solo el que participa creativa y dignamente en la creación de riqueza de una sociedad, estará dispuesto a defenderla y a ser responsable con ella, y, correlativamente, menos dispuesto a escuchar las diatribas de los demagogos. El estímulo a la pequeña y mediana empresa es un camino necesario para reducir el desempleo y el subempleo, favorecer la integración de la mujer al mercado laboral y hacer de cada costarricense un accionista de esta gran empresa común que es nuestra economía, como ya somos accionistas de su sistema político a través del sufragio. Uno de los grandes retos del futuro es, por ello, hacer de Costa Rica un país en el que nuestros niños aspiren a ser empresarios de verdad, en el que sean educados para desarrollar su iniciativa y creatividad, un país en el que las oportunidades económicas y políticas de cada ser humano estén determinadas, como lo decía Martin Luther King, por el contenido de su carácter y no por su origen, sexo o el color de su piel. Favorecer la participación creativa de todos es la médula del reto de la nueva Costa Rica.
No comparto el editorial de La Nación en la cual denomina como la "Asamblea del miedo" a la última sesión del Partido Liberación Nacional .
Dije el domingo pasado que estamos viviendo la fatiga del ajuste económico y de la reforma del Estado, que los costarricenses llevamos mucho rato de estar oyendo hablar sobre estos temas.
Por eso insistí en una agenda social que Liberación Nacional debe presentar al país y al Gobierno en las próximas semanas. Enemigo del discurso abstracto y con clara inclinación a concretar mi pensamiento, definí como puntos fundamentales (no exclusivos) los siguientes:
Educación.
Es el único instrumento que nos permitirá combatir la pobreza, que los costarricenses puedan ascender en la escala social y convertirnos en país desarrollado. Sin aulas ni pupitres, con deserción alarmante en enseñanza media y sin estímulos a los docentes no lo vamos a lograr. Por eso demandé el fortalecimiento en la educación, para revertir esos problemas y luchar porque los presupuestos de las escuelas no los maneje el Ministerio, sino las Juntas de Educación, entre otras medidas.
Empleo pleno.
Acceso a empleo digno, con salarios justos y crecientes para cada costarricense. Por eso insistí en el apoyo a la pequeña y mediana empresa y a quienes trabajan en lo propio. Trabajo a los jóvenes: bachilleres, técnicos o universitarios; y los mayores de 48 años, a quienes por edad rechazan en los departamentos de reclutamiento de personal, merecen especial atención. Insistí, para promover mano de obra calificada, eliminar en el INA las ataduras que le impiden invertir recursos en más talleres y programas para capacitar obreras y obreros.
Salud.
Hablar de calidad de vida en un país en donde hay 70.000 personas en fila para ser operadas resulta irónico y demanda colocar a la salud en el lugar que merece. Insistí en que debemos revisar los programas de contratación privada de servicios que, según se ha denunciado, resultan más caros a la Institución que la compra propia de los equipos.
Reforma judicial.
Prescripción de casos de corrupción, excarcelaciones que facilitan evadir la acción de la justicia, asesinatos de mujeres en espera de engorrosos trámites judiciales tendentes a sacar a los agresores de la casa, cinco años para el cobro de unas prestaciones sociales. Esto muestra lo urgente de la reforma judicial. No podemos ver estos problemas sin actuar rápido, la Costa Rica del futuro demanda de justicia pronta y cumplida como la tuvimos en el pasado y merecemos.
Reforma tributaria.
Consciente de que la agenda social no se puede ver separada de la económica, ya que son las dos caras de una moneda, insistí en la urgencia de una reforma tributaria que ponga a pagar impuestos a quienes hoy los evaden, reclamé que cinco años después de entrada en vigencia la Ley de justicia tributaria, por la que luché como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, no se haya conocido de condenas por evasión fiscal. Todo país desarrollado ha logrado sus recursos con un buen régimen tributario.
Termino repitiendo que este país requiere de liderazgo y valentía, liderazgo para orientarnos por el rumbo del desarrollo, valentía para no temer la implementación de los cambios requeridos. Llevamos años discutiendo y buscando programas, pero hemos evidenciado ser pésimos en su ejecución. Por eso asumí el compromiso de luchar para que Liberación Nacional y el próximo gobierno nos caractericemos por lograr que las cosas finalmente se hagan en Costa Rica.
Si el editorialista de La Nación considera que una agenda que incluye educación, empleo, salud, reforma judicial y reforma tributaria constituyen una "asamblea del miedo" definitivamente jamás podremos estar de acuerdo.
El ministro de Comercio Exterior Dr. Manuel González, manifestó a los medios que “la crítica de la prensa aleja a Pacheco del TLC” y según las declaraciones del ministro en un artículo publicado en este diario el día jueves último “se puede extrapolar que como hay un sector de los medios que apoya el TLC, el presidente no quiere darle gusto enviando el documento a la Asamblea”.
El señor ministro le ha informado al país cuales son las sólidas y fundamentadas razones que utiliza el presidente de la República para valorar la conveniencia o no, de remitir para su discusión al Congreso el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos. Estamos informados que un instrumento de esta naturaleza no es valorado por su contenido, ventajas o desventajas, repercusiones en el corto, mediano y largo plazo, consecuencias de su aprobación o rechazo, creación de nuevos empleos o pérdida de actuales, efectos en la inversión extranjera, señales al mundo empresarial de una u otra decisión, entre muchas otras razones que suponíamos eran las válidas.
Pudo más la crítica a la aceptación de donaciones de tiquetes de viaje, membresías de clubes y nombramientos consulares pobremente justificados, que cualquier acto o acción de los opositores al tratado, para que este se quede en espera del próximo gobierno. Además, es triste pensar que un esfuerzo nacional definido en varias oportunidades por el mismo presidente durante los dos primeros años de la administración, como la tarea más importante de su gobierno, que requirió horas de trabajo en el país y en el extranjero, termine definiendo su futuro en función de las críticas a don Abel.
¿Qué otras decisiones importantes se tomaron, se postergaron o se omitieron desde motivaciones como los que hoy nos indica el señor ministro? ¿Son estas las reales valoraciones que toma en cuenta el presidente de la República? ¿Cuánto ha sufrido el desarrollo nacional por idénticas razones? La respuesta a estas interrogantes no las conocemos, pero sin lugar a dudas son numerosos y graves los casos similares, porque lo que estamos viendo no es un hecho aislado sino una forma y estilo peculiar de gobernar y el reflejo de su personalidad, que además para que un funcionario de tan alto nivel las haga públicas, debe obedecer al hecho de que ya son tan normales en Zapote que su divulgación no parece extraña.
Esto nos debe llevar a un serio análisis de cómo se debe gobernar y aquí quiero insistir, lo que se necesita en la presidencia es un estadista que tenga la capacidad de gobernar con seriedad, sensatez y prudencia, con valentía y firmeza frente a los cambios que se deben impulsar, pensando en el largo plazo y con una buena estrategia para el corto y mediano plazo, con la capacidad de diálogo para oír a buenos asesores y para convencer a sus opositores, esto sin claudicar a su irrenunciable obligación de tomar las decisiones finales y lo que por cierto ha sucedido muy poco en los últimos años. No se ha mostrado capacidad de ejecutar e implementar acciones, pasar de las palabras a los hechos.
Costa Rica camina por la senda de una democracia multipartidista, el bipartidismo ha quedado atrás, aunque lo deseable es llegar a un sistema parlamentario que es el indicado para democracias maduras. Mientras esto sucede se requiere de una gran habilidad negociadora para acercar y convencer a miembros de diversos partidos en aras de un fin común: sacar adelante un país que por la cobardía de sus dirigentes puede perder el tren del desarrollo.
Por esas características que debe tener el gobernante, resulta triste saber que a nuestro presidente una crítica o el deseo de no satisfacer a sus críticos en sus propuestas, le cambia la agenda nacional. A uno de los grandes profesores que tuve en la Facultad de Derecho el Dr. Jorge Enrique Guier le escuché una frase célebre: “no queremos codigueros, queremos abogados” hoy recordándolo puedo afirmar: el país no necesita rencorosos, necesita estadistas.
Recientemente saltó a la discusión pública el debate de si deben y pueden los Ministros ejercer su profesión u oficio mientras están en el cargo, esto a raíz de que el titular de Cultura ha continuado dando conciertos fuera de horas de oficina.
En este comentario dejo de lado quien es la persona a cargo de esa cartera, a quien por lo demás le guardo un profundo respeto como una figura sobresaliente en el campo de la música, espacio en donde lo he conocido, dado que hasta ahora ocupa un cargo en la función pública; distinto al caso de su padre don Enrique Obregón quien si se ha desempeñado como funcionario público en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el servicio exterior, siempre con una conducta ejemplar.
La legislación actual establece que no se pueden ejercer profesiones liberales y con base en ese precepto se había interpretado que quien asumía un cargo público debía dedicarse ciento por ciento a esa función, como una forma para no distraerlo de su trabajo gubernamental, cerrar portillos para las malas prácticas y el tráfico de influencias, entre otros, y es hasta ahora que la Contraloría hace una odiosa diferencia entre oficio y profesión para indicar que el ejercicio de la actividad de músico es un oficio y no una profesión liberal y por lo tanto lo puede ejercer el funcionario.
Esta interpretación me parece incorrecta por varias razones: degrada la condición de músico a practicante de un oficio y no de una profesión, lo que me parece criticable dado que si existe una actividad que requiere de profesionalismo a profundidad es el ejercicio de cualquier actividad artística; hace una odiosa diferencia entre profesionales: entiéndase un ingeniero y un músico y les da un trato diferente lo cual deviene en inconstitucional y si se quiere abre esos odiosos portillos que permiten sustituir la voluntad del legislador por la vía de la interpretación.
Si queremos hacer bien las cosas lo importante es responder la pregunta básica: ¿deben los ministros trabajar exclusivamente con el gobierno o bien pueden realizar otras actividades laborales paralelas a la función pública?
Si la respuesta es que sí pueden trabajar en otras actividades, deben autorizarse todas, las técnicas y las profesionales. Si la respuesta es que deben estar dedicados exclusivamente a la función pública entonces deben prohibirse todas, tanto las profesionales como cualquier otra que no requiera estudios universitarios.
Pero el peor de los mundos es permitir unas sí y otras no.
En Costa Rica debemos acostumbrarnos a ser claros y transparentes, dejar de lado las medias tintas tan dañinas por su indefinición. Esperemos que como nación maduremos y algún día lo podamos lograr.
En un país cada vez más ingobernable, como resultado de las leyes y de las actitudes de muchos, es fundamental encontrar vías para eliminar los graves cuellos de botella que nos afectan.
Sin lugar a dudas una de las mejores y más razonables vías es la descentralización, entendida esta como el traslado de potestades y recursos a las municipalidades en aras de fortalecer los Gobiernos Locales.
La administración Arias bajo el liderazgo de don Roberto Gallardo como Ministro de Planificación dio pasos importantes en esa ruta y cuando la señora Presidenta Laura Chinchilla anunció un Ministro a cargo de la descentralización, nos ilusionamos con que vendrían cuatro años de pasos firmes en la misma dirección.
Lastimosamente, a pocos días de inicio del actual gobierno, las acciones y señales de las nuevas autoridades de Mideplan marcaron un rumbo completamente diferente e incluso podríamos señalarlo como abiertamente opuesto a la descentralización. Lo que significará un retroceso o al menos un rezago en el proceso. Dichosamente todavía se está a tiempo para reorientar las acciones gubernamentales, lo que espero sucederá tarde o temprano.
Conforme se fortalezcan las municipalidades más conciencia han de tomar los ciudadanos sobre su importancia y sobre la necesidad de participar en los procesos de selección de los jerarcas a su cargo, para con ello reducir esas alarmantes cifras de abstencionismo como las que se vivieron el pasado cinco de diciembre, que hablan mal de la educación cívica de los ciudadanos, de la incapacidad de los partidos políticos y los candidatos para motivar a la participación y en general de todos los que nos hemos mantenido activos en la política nacional.
Los ciudadanos deben entender que al no participar están dejando en manos de la minoría activa los destinos de su comunidad, y poco o nada valdrá quejarse después si se está a disgusto con las acciones emprendidas por los alcaldes.
A nivel de los partidos políticos es imperativo que analicemos con seriedad y profundidad en qué estamos fallando, cuál es el error de nuestro mensaje que no permite motivar a los votantes.
En el caso del Partido Liberación Nacional que obtuvo un gran triunfo electoral al obtener la inmensa mayoría de los cargos, este triunfo no debe ser una excusa para que no busquemos las razones de la baja participación, dado que queremos ser el partido de las grandes mayorías y no el partido grande entre las minorías.
Para nadie es un secreto. La operación dentro del sector público está plagada de trámites burocráticos, las leyes y reglamentos de administración financiera y contratación pública hacen sumamente lenta la actuación de los diferentes órganos e instituciones del Estado y desde que se define una acción concreta o se diseña un programa, lograr su ejecución resulta en un verdadero calvario. Diariamente recibimos noticias de la anulación por parte de la Contraloría General de La República de una licitación, lo cual significará un retraso de varios meses o años.
En el pasado se institucionalizó como solución el uso de la Ley de Emergencia. Se recurría a este mecanismo porque permitía un procedimiento expedito de contratación que evitaba los procedimientos ordinarios. Luego de un uso exagerado de este recurso la Sala Constitucional declaró inconstitucionales varias declaraciones de emergencia sosteniendo la tesis de que cuando los atrasos se dan por falta de previsión o planificación no procede la citada declaratoria y que esta en su esencia es para casos de desastres naturales o fuerza mayor que son las verdaderas emergencias. Con dicha interpretación se cerró el uso del portillo.
Ante esta situación, se ha optado en muchas instituciones por el esquema de crear fundaciones para manejar recursos, vender servicios, contratar personal y obras, entre otros. El objetivo nuevamente, es evitar quedar incluidos dentro de los procedimientos de control financiero y no tener que aplicar para ello los engorrosos procesos licitatorios. Los ejemplos de estos casos son numerosos, las experiencias han sido de todo tipo; desde las buenas hasta las negativas, pasando por los problemas de corrupción y mal manejo de recursos.
En todo caso, independientemente de los resultados obtenidos por las fundaciones, la pregunta obligatoria es, ¿por qué somos tan ingeniosos para buscar vías paralelas “legales” para evadir la ley vigente? ¿Por qué tenemos que buscar la “trampa” una vez hecha la ley, y no somos transparentes combatiendo las causas y no los efectos?
Si se requiere de mecanismos ágiles para actuar en el sector público lo lógico y correcto es cambiar el sistema de contratación pública, adecuándolo a la época actual. Con la celeridad requerida en un mundo cada vez más competitivo, podríamos trasladar funciones a las auditorías internas y a la administración superior de las entidades estableciendo algunos controles a posteriori, y no a priori, como hasta ahora. Colombia ha logrado importantes avances en esta línea. Al proponer una transformación de este tipo, lo hago teniendo muy en cuenta que el país ha sido víctima de sonados casos de corrupción, lo cual demuestra que a pesar de todas las trabas y controles de las leyes actuales no se ha logrado frenarla. Es decir, no es un problema de procedimientos, sino de otro resorte, pero en todo caso estamos en el peor de los mundos: una administración entrabada y corrupción en el sector público. Esta es por sí sola una fuerte razón para abocarnos a la reforma de los sistemas actuales.
En todo caso, mi comentario en este artículo pretende criticar nuestra falta de transparencia y sinceridad para enfrentar los problemas de frente, en sus causas y de corregirlos casualmente ahí, en vez de buscar medidas alternas aparentemente legales pero que son en definitiva artimañas jurídicas que pretenden “barrer la basura debajo de la alfombra”.
Si queremos progreso y desarrollo para Costa Rica debemos de transformar nuestros mecanismos de gobierno. Tengamos el coraje y la valentía de identificar los problemas y solucionarlos desde su raíz. Utilicemos la línea recta que siempre es la distancia más corta entre dos puntos. El liderazgo requerido debe tener esta visión.
Hay temas básicos en la mente del costarricense y son, ¿cómo lograr que el país finalmente dé el salto al desarrollo? ¿Qué hacer para que veamos a Costa Rica progresar y avanzar de una manera sostenida, que las promesas y sueños ofrecidos finalmente se hagan realidad? Esto es cada vez más relevante ya que va de la mano con las expectativas de la gente frente a la política, los partidos, el Estado y sus poderes. Según cual sea su abordaje podemos fortalecer el sistema o bien desencantar aún más a los diferentes sectores sociales, con las graves consecuencias sobre nuestra estabilidad política.
Si nos abocamos a resaltar las lecciones aprendidas iniciaría destacando el peso excesivo otorgado a la agenda económica, basada en un interminable debate sobre la deuda interna y una tremenda dogmatización del recorte del gasto público como la única alternativa de sobrevivencia nacional. Con el agravante de que el recorte del gasto se ha dado sobre los instrumentos que promueven la movilidad social: inversión en educación, capacitación técnica, salud e infraestructura entre otros; y no sobre los gastos superfluos, lo cual ha producido como resultado un tremendo deterioro en los servicios públicos y ha limitado ingratamente el ascenso social en nuestra sociedad.
Frente a este panorama podemos definir uno de dos caminos, dejar que las cosas sigan como están con lo cual cada vez veremos más polarizada la distribución de la riqueza y más estrujada la otrora fuerte clase media, o bien cambiar la orientación y definir una nueva ruta para el desarrollo. Yo me inclino por esta segunda alternativa, la única capaz de lograr una transformación en el país. Esta ruta pasa por los siguientes elementos:
La implementación de estas y otras medidas a desarrollar en próximos artículos parten de una premisa básica: no es la contracción y el recorte de la inversión la vía para salir adelante. Se requieren una visión y acciones más ambiciosas orientadas al crecimiento con distribución de la riqueza para construir la gran nación que todos merecemos.
Hace unos años, el mundo entero siguió las noticias sobre la debilitada salud del papa Juan Pablo II. Aquí en Costa Rica recordamos también un aniversario más de aquella inolvidable visita que nos hiciera hace 22 años, bajo el gobierno de don Luis Alberto Monge.
Uno de los personajes más sobresalientes del siglo 20, el políglota papa polaco rompió con múltiples paradigmas y conmocionó para bien al mundo entero. Recordemos que con la elección del joven Karol Wojtyla se optó por el cambio. Atrás quedaban más 400 años de papados italianos, y dio inicio a un apostolado sin fronteras, llevando sus enseñanzas a todos los rincones del mundo, de ahí su reconocimiento como el papa viajero.
Hoy quisiera recordar uno de sus primeros viajes, el que realizara en 1979 a su natal Polonia. Varios historiadores reconocen la importancia de estos 9 días, como un pilar para los acontecimientos que acabaron con una era mundial. Una década después se produce la caída del Muro de Berlín, la caída de gobiernos de Europa del Este, la escisión de la Unión Soviética; en síntesis, el fin de la Guerra Fría.
Durante sus múltiples mensajes, el papa en su manera sencilla pero certera le recordó al pueblo polaco lo que era, la riqueza de su historia, su valentía. Sin manifestarlo explícitamente, su mensaje resultaba claro: el pueblo polaco podía levantarse, podía combatir las múltiples violaciones de derechos humanos, podía enfrentar con la fortaleza de las ideas y de la acción solidaria, la opresión de una potencia como la soviética.
En nuestro país vivimos dificultades: un gobierno a la deriva, con frecuentes cambios de rumbo y una escalada de renuncias que acrecientan aún más la incertidumbre de una ciudadanía cada vez más confusa. A lo anterior, se suman los múltiples escándalos de corrupción ya conocidos por todos.
Frente a esta coyuntura, los costarricenses honestos, serios y responsables, pueden inclinarse por varias opciones. La primera, la cual percibo con preocupación en todos los rincones del país, es enfrentar el desencanto y la desconfianza con un desinterés y apatía nunca vistos. Me preocupa este sentimiento de renuncia tácita y colectiva a participar en las decisiones que afectarán nuestro futuro. Frente a esta inopia, lo paradójico es que se deja la vía libre a personas con cuestionables valores e intereses. Otra opción es creer que la solución mágica puede radicar en una sola persona. Esta entrega colectiva, resultaría igualmente peligrosa. Ejemplos en América Latina, sobran.
La solución a nuestros problemas está en todos nosotros. Así como el pueblo polaco, recordó quién era, y lo que podía hacer si se lo proponía, también los costarricenses podemos seguir la senda que en 1979 marcó Juan Pablo II y enfrentar con gallardía los grandes retos del siglo XXI.
Somos una nación con una gran historia, producto de la acción colectiva de una ciudadanía responsable y participativa. Que siempre entendió la importancia de asumir valientemente los retos y dificultades, que se atrevió a ser diferente, que se anticipó a los tiempos, y sacó provecho de los avances tecnológicos y de las oportunidades. Fuimos pioneros en electrificar nuestras calles, renunciamos a tener un ejército para invertir en educación y salud, nos anticipamos y protegimos nuestros recursos naturales cuando para otros ni siquiera era un tema.
Ser costarricenses, significa soñar en grande, impedir que las dificultades nos dobleguen, que otros decidan por nosotros. El reto por delante es ejercer unidos esas cualidades y valores que todos llevamos dentro. Nuestra historia demuestra que cuando los costarricenses queremos, sí podemos.
La globalización genera con frecuencia en los costarricenses un sentimiento de temor por el futuro, inestabilidad en los negocios, inversiones, empleos, etc. La imagen de la globalización viene de la mano con algunas creencias: las empresas nacionales no serán capaces de competir con las extranjeras; lo importado desbancará a lo producido nacionalmente; es necesario ser grande para poder competir y que los pequeños perderán toda opción de mantenerse en los mercados.
Efectivamente, los procesos globalizadores tienen por efecto una marcada inclinación a la concentración de la riqueza y la exportación de capitales y la transnacionalización de la producción pueden terminar con los competidores medianos y pequeños. Esto se ve con la compra por parte de empresas grandes de competidores más pequeños. Hay una actividad en la que este proceso se refleja muy claramente: el negocio de los supermercados. En el mundo quedan cada vez menos cadenas pero más fuertes, a niveles tales que las ventas de pocos consorcios son comparables con el producto interno de Brasil, lo cual determina la magnitud de operaciones producidas. Este proceso ha llegado a nuestro país, con la consecuente unificación centroamericana de cadenas de supermercados.
Países como Costa Rica, pocos por cierto, nos caracterizamos porque las diferencias entre los grupos sociales han sido menos marcadas que en otros. Eso se debe al desarrollo de un sistema de producción capaz de dar opciones a la pequeña y mediana propiedad, privilegiando con ello un sistema de propietarios por encima de un sistema de proletarios. Probablemente el mejor vehículo para ello lo fue la actividad cafetalera, desarrollada en un esquema de mediana y pequeña propiedad con lo que se democratizó en mucho los ingresos del que fuera nuestro monocultivo. Esto sin lugar a dudas responde a nuestra cultura, idiosincrasia y estabilidad política, manteniéndonos alejados de los conflictos armados de tan ingrata memoria en esta región.
Por esa razón, uno de los temas fundamentales para enfrentar la globalización y convertirnos en una nación ganadora del proceso, es velar por la defensa de las ventajas alcanzadas como país. De ahí que una de las tareas gubernamentales más importantes de implementar es lograr que los procesos mundiales no signifiquen un retroceso en lo social. Se impone, entonces, el establecimiento de mecanismos capaces de generar espacios para la pequeña y mediana empresa, para el pequeño y mediano propietario, con opciones rentables de futuro. Eso significa que el gobierno debe promover programas de capacitación, reconversión productiva y transferencia tecnológica para muchos sectores de nuestra economía, a la par de buenas líneas de crédito y estructuras de organización.
Sin lugar a dudas, el cooperativismo se convierte en un instrumento esencial para estos fines. Una buena estructura cooperativa en el país será la base para enfrentar los retos de la globalización y consolidar una sólida democracia económica. Debe por ello operar como una vía para canalizar la organización de productores que facilite la capacitación, la transferencia de tecnología, el acceso al crédito y a los canales de comercialización. En el pasado fue, en mucho, la organización cooperativa el pilar del éxito del desarrollo cafetalero, ganadero, cañero y lechero y para el futuro puede serlo aún más. Para enfrentar este desafío se requiere una mayor profesionalización del Movimiento Cooperativo y una administración plasmada en una fuerte y sólida gerencia cooperativa capaz de impulsar los retos de las nuevas empresas.
Costa Rica será un claro ganador de la globalización, si nos pensamos como una sociedad más igualitaria y de verdaderas oportunidades, que dé espacio a la pequeña y mediana empresa, con un sólido y dinámico Movimiento Cooperativo a la par de un gobierno que entienda e impulse estas acciones.
