En los albores del siglo ninguna tarea política resulta más urgente en Costa Rica que la de crear y activar nuevos espacios para la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Tal priorización no es una moda ideológica o la manifestación de un discurso populista. Es, mejor, el fruto de una doble constatación; en primer lugar, nuestro sistema político, -crecientemente percibido como poco participativo- ha visto debilitada su legitimidad popular, requisito fundamental para una acción eficaz; en segundo lugar, la participación ciudadana es la que hace a cada individuo responsable para con su entorno social. Solo nos sentimos responsables por aquellos proyectos en los que genuinamente somos partícipes. Una sociedad excluyente es, inevitablemente, una sociedad de seres individualistas e irresponsables. Nada es más importante que hacer de la nueva Costa Rica una empresa en la que todos seamos, ante todo, socios.
Esta participación es especialmente necesaria en la gestión de las políticas sociales del Estado costarricense. El último medio siglo se ha caracterizado en nuestro país por la presencia dominante del Estado en la solución de problemas sociales que van desde la mortalidad infantil hasta el analfabetismo, pasando por la pobreza extrema que usualmente va ligada a ellos. Los resultados de esa intervención han sido, en general, extraordinarios, pero ya no son suficientes. Como fruto de esa elevación de su calidad de vida, las expectativas de nuestro pueblo son cada vez mayores, y los entes públicos rígidos y burocratizados que tenemos difícilmente serán capaces de responder de manera ágil a esas demandas. Es por ello conveniente transferir una parte cada vez mayor de los fondos públicos para proyectos sociales para que sean administrados y ejecutados por las organizaciones autónomas de la sociedad civil, por aquellas instancias organizadas que conocen íntimamente las necesidades de su comunidad y que, por ser parte de ella, son menos propensas a la manipulación de los fondos sociales con fines de clientelismo político.
En sociedades modernas cada quien debe hacer lo que mejor puede hacer: los órganos decisorios del Estado son insustituibles en la formulación de las grandes políticas sociales, pero son mucho menos capaces que las organizaciones comunales para identificar los destinatarios que realmente necesitan de ellas y, por tanto, menos capaces de proveer los servicios sociales con un mínimo de desperdicio. Sin la colaboración cotidiana de las organizaciones de la sociedad civil, las políticas del Estado pueden rascar los problemas sociales y aún rascarlos bien, pero rascarán donde no pica.
Eso es una pequeña parte de una agenda participativa más amplia y profunda. Si queremos construir una sociedad participativa es imperativo que las políticas públicas favorezcan el pleno empleo de nuestra fuerza laboral y la igualdad de género. Solo el que participa creativa y dignamente en la creación de riqueza de una sociedad, estará dispuesto a defenderla y a ser responsable con ella, y, correlativamente, menos dispuesto a escuchar las diatribas de los demagogos. El estímulo a la pequeña y mediana empresa es un camino necesario para reducir el desempleo y el subempleo, favorecer la integración de la mujer al mercado laboral y hacer de cada costarricense un accionista de esta gran empresa común que es nuestra economía, como ya somos accionistas de su sistema político a través del sufragio. Uno de los grandes retos del futuro es, por ello, hacer de Costa Rica un país en el que nuestros niños aspiren a ser empresarios de verdad, en el que sean educados para desarrollar su iniciativa y creatividad, un país en el que las oportunidades económicas y políticas de cada ser humano estén determinadas, como lo decía Martin Luther King, por el contenido de su carácter y no por su origen, sexo o el color de su piel. Favorecer la participación creativa de todos es la médula del reto de la nueva Costa Rica.
