Gobierno y Producción 

Nuestro país vive un proceso de polarización social, el cual ha venido acentuando la brecha entre los diversos sectores sociales y estrujando peligrosamente a nuestra clase media. Esta situación nos obliga a impulsar nuevos programas y acciones que promuevan la justa distribución de la riqueza y, aunque para eso privilegiamos la reforma tributaria, también es fundamental el rol del Estado en la producción. 

Sin duda nuestra producción debe incrementarse. Costa Rica necesita períodos prolongados de crecimiento a tasas mayores al 6% del PIB. Esto nos coloca ante la reflexión de cuál debe ser el papel del Estado en ese proceso. También hemos de contemplar si el crecimiento se dará por obra del sector público o privado. 

Aquí hay una definición fundamental: el crecimiento debe venir del sector privado, mediante un sistema que promueva el establecimiento, consolidación y encadenamiento de la pequeña y mediana empresa, que junto con las grandes empresas y la inversión extranjera, generen empleos bien remunerados, dentro del marco de respeto a nuestras conquistas sociales, laborales y ambientales. Es deseable lograrlo dentro de un esquema diversificado de productos y actividades. Así, nuestra estabilidad económica no dependería de pocas alternativas y, ante un estornudo en los mercados internacionales no se produciría una grave pulmonía en el país. 

Así mismo, el rol del sector público lo debemos enfrentar por dos vías: una, la de sus empresas: ICE, RECOPE, INS, entre otras; la otra, sus políticas.

En cuanto a las empresas públicas (incluyo aquí a las instituciones autónomas), hay una clara voluntad de nuestra sociedad de que estas no se privaticen y sigan perteneciendo al Estado. Comparto esa posición, pero debe alcanzarse su mayor nivel de eficiencia para brindar servicios con tecnología de punta, universales, eficientes y continuos (ininterrumpidos), y al menor costo posible, lo cual no implica que trabajen con pérdidas o que pierdan la oportuna capitalización de futuras inversiones. Los costos de producción en el país deben ser muy competitivos. La propuesta es fortalecer las empresas públicas, quitarles ataduras y apoyarlas financieramente y no descapitalizarlas en procura de aliviar el déficit fiscal. Ese debe ser el norte de futuras reformas legislativas. 

Las políticas que impulse el Estado deben abarcar una larga lista de acciones, pero podemos incluir algunas inmediatas: 

• Apoyo a la educación y capacitación. Solo una sociedad educada y con una fuerza laboral capacitada puede prosperar. La educación debe ser la llave que abra la puerta de las oportunidades. 
• Transferencia tecnológica y de conocimiento. La producción en el mundo avanza a niveles muy tecnificados. El conocimiento y la investigación deben trasladarse al sector productivo, accesible a todos y no solamente a los grupos que por su tamaño lo pueden comprar. 
• Desarrollo en infraestructura. El desarrollo productivo requiere de autopistas, muelles, aeropuertos, carreteras, puentes, pasos a nivel, etc. El Estado debe lograr su construcción. 
• Desregulación. Los trámites y regulaciones estatales deben ser únicamente los necesarios y resultar simples, sencillos, accesibles y realizarse con la mayor prontitud posible. Eliminemos la tramitología. Esto favorecerá al sector informal para su paso a la formalidad. 
• Reforma Judicial. La mora judicial se está convirtiendo en uno de los peores obstáculos para el desarrollo del país. Justicia no cumplida no es justicia. Ninguna inversión es segura en un país donde la resolución de disputas no se puede garantizar rápida y eficientemente.

Podríamos continuar con una larga lista de acciones, pero lo fundamental es tener clara la vía para promover el crecimiento: la distribución de la riqueza y el nuevo rol de un estado comprometido con la producción. Podemos ser optimistas pero también conscientes de que es la hora de actuar.